¿Quo vadis, salud mental?

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Publicado: Sábado, 09 Mayo 2015 19:47

La pérdida de efectividad en la atención a los enfermos asturianos más graves

La  Nueva España 10.05.2015 | 05:17

Juan José Martínez Jambrina Los médicos son los abogados naturales de los pobres y las cuestiones sociales caen la mayoría de las veces bajo su jurisdicción (Rudolf Virchow, 1948) 

El pasado 31 de marzo el Gobierno italiano de Matteo Renzi decidió el cierre de los últimos seis hospitales psiquiátricos que funcionaban en Italia, los llamados "psiquiátricos penitenciarios". Quedan en ellos 770 pacientes que serán trasladados a las llamadas REMS, Residencias de Ejecución de Medidas de Seguridad, que no tendrán más de 20 camas y donde no habrá celdas ni personal policial, sino sanitario. En España funcionan dos psiquiátricos penitenciarios: el de Foncalent (Alicante) y el de Sevilla; amén de los numerosos enfermos que tienen acomodo en las abarrotadas enfermerías de la cárceles comunes. Y también siguen funcionando, incumpliendo las indicaciones del proceso de Reforma Psiquiátrica de 1986, importantes manicomios de corte "neoclásico" en comunidades ricas como Madrid o Cataluña, que, asombrosamente, suelen presentarse como "ejemplares" entre el gremio. A quien le interese saber con más detalle qué se esconde tras los muros de Foncalent puede leerse el excelente libro de la periodista Ángeles Cáceres Lescarboura titulado "Los habitantes del pozo". 

Observando la situación italiana y felicitados los colegas triestinos por el nuevo éxito alcanzado en su lucha contra las instituciones totales, uno no puede por menos que comparar el ilusionante reto que afronta la asistencia psiquiátrica en Italia con el estado involutivo en el que chapotea la atención a la salud mental en España.

Y como además estamos finalizando una legislatura política tal vez no sea mal momento para hacer un leve recordatorio de lo sucedido en Asturias en los últimos cuatro años. Cierto que la anómala situación causada por el doble proceso electoral que la sociedad asturiana tuvo que afrontar como consecuencia de la decisión del Gobierno de Foro de no agotar una legislatura en minoría puede estar detrás de algunos desajustes. Cierto que la política de austeridad económica decretada por la Unión Europea, aceptada por el Gobierno central y ejecutada por el Gobierno asturiano tampoco ha posibilitado la puesta en marcha de iniciativas que son indispensables no tanto para el crecimiento sino para el sostenimiento de unos servicios de salud mental que han sido uno de los emblemas de la sanidad asturiana gracias al desarrollo de una potente red asistencial coordinada con atención primaria y Servicios Sociales, lo que facilitó el derribo de La Cadellada en el año 2003.

Pues de aquellos años y de algunos que vinieron luego sólo nos queda el recuerdo. De lo que fue la red de salud mental asturiana, que durante varias legislaturas contó con una Dirección General específica y que fue ejemplo para otras especialidades y para varias regiones españolas, nos queda, si acaso, la raspa.

Pero hay otros acontecimientos y decisiones sin excusas para justificarlos. Y no me refiero a la pérdida de estatus que conlleva el que ahora sea una humilde unidad de coordinación la que ostente el mayor grado de representación institucional del sector. Quiero hablar de la pérdida de efectividad en la atención a los problemas de los enfermos mentales más graves como consecuencia de la dispersión, de la disgregación o transferencia de ciertas competencias a otras áreas o disciplinas que se han mostrado, en solitario, insuficientes o incapaces. Y estoy pensando en cuestiones tan básicas como la inexistencia de nuevas plazas de empleo con apoyo (ojo, ¡es la intervención rehabilitadora de mayor efectividad!), la agotadora lentitud en la apertura de pisos con distintos niveles de tutela, que han demostrado ser una potente arma de reinserción social y la penuria en la que se mueven las actividades de apoyo, ocupacionales y recreativas para pacientes y familiares.

Sobre todo esto, un punto de especial gravedad lo constituye la filosofía que impregna la gestión de procesos de incapacidad y tutela de nuestros enfermos mentales. Tal vez haya quien aún desconozca que el paso previo a cualquier técnica o filosofía rehabilitadora consiste en reconocer a los enfermos sus derechos en cuanto seres humanos y en cuanto usuarios de un sistema sanitario público. En una palabra, sus derechos como ciudadanos. No podemos afirmar que estamos trabajando en una auténtica recuperación de enfermos graves si se les niegan sus derechos más básicos mediante el trámite de incapacidades y tutelas en las que el presunto conflicto entre seguridad y libertad se resuelve siempre a favor del más fuerte. Éste es un problema que aparece de forma florida también en otras comunidades autónomas y ante el que muchos profesionales están reaccionando mediante la revocación de tutelas de pacientes con evoluciones clínicas favorables. No se debe olvidar la máxima triestina que preside el trabajo en sus servicios de salud mental: "La libertad, lo primero." Y la libertad tiene sus riesgos, ¡qué duda cabe! Les estoy hablando de un episodio que roza el "teatro del absurdo". Como que el que nos llevó a pelear a brazo partido por la ley de Dependencia; o sea, por declarar "dependientes" a usuarios a quienes les inculcamos a diario que deben ser lo más autónomos que puedan. Lo que les digo no es cuento aunque lo parezca. Hay gente capaz de legislar auténticos disparates que otros luego ejecutan sin temblores. Así, hay hasta profesionales que se ocupan en lo que hacía el protagonista de "La mejor oferta": certificar falsificaciones. ¡Ni en un cuento de Borges!

En resumen, remedando unas palabras del psiquiatra Benedetto Saraceno: "Lo que impresiona de los gestores de esta psiquiatría no es su impotencia, sino la ausencia de crítica en la confrontación con esa impotencia". Y aparte de la impotencia, de la ausencia de crítica, llama la atención el oscurantismo con el que se toman las decisiones, el "hablar para adentro" que me decía el padre de un enfermo. 

Para desgracia de los actuales rectores de la salud mental asturiana enfrente hay numerosos profesionales, familiares, usuarios, y políticos críticos (gracias Nacho Prendes, gracias Noemí García) con planes modernos, ambiciosos, actualizados, informados y racionales dispuestos a plantar cara a ciertas propuestas, como se vio en el fallido intento de reformar la atención a las personas con trastornos mentales graves en Oviedo, que incluía la desaparición de un dispositivo tan valioso como el ETAC y de un hogar protegido a cambio de una política centrocéntrica tan confusa como añeja y deslavazada. Me resulta muy triste tener que informar que los mandatos del Parlamento asturiano del pasado octubre a este respecto corren el riesgo de verse vulnerados e ignorados al reactivarse los mismos planes que motivaron el conflicto. 

Aunque como dije antes, para desgracia de ciertos gestores, en este tema enfrente sí hay alguien.